SANTO DOMINGO, RD.- El gobierno de Reino Unido autorizó este jueves la liberación de aquellos reos con penas leves que ya hubiesen cumplido el 40% de la condena para evitar que el sistema judicial colapse.
En Inglaterra y Gales había hasta la semana pasada una cifra récord de 88.500 reclusos, lo que situó a las cárceles en riesgo de sobrepoblación, al ya estar al 99% de su capacidad.
Es por eso que el Gobierno rebajó las condiciones para conceder la libertad a al menos cientos de ellos, aunque no han querido concretar la cifra. Sí han querido aclarar que entre los liberados no se encuentran condenados por terrorismo, ni por delitos violentos o agresiones sexuales.
Serco, la empresa de seguridad que obtuvo el contrato en octubre de 2023 para el etiquetado de los presos, enfrenta ahora críticas por sufrir retrasos en la colocación de estos dispositivos de rastreo y los expertos consultados por The Guardian le señalan como máximo responsable de las demoras.
Andy Slaughter, presidente del comité selecto de Justicia británico, ha cuestionado la decisión de otorgar el contrato a esta compañía, recordando que esta empresa ya estuvo involucrada en un escándalo en 2019 y que fue objeto de una investigación de la Oficina de Fraudes Graves. La compañía fue condenada a pagar además una multa por defraudar al contribuyente.
Slaughter ha destacado que Serco tiene un historial de desempeño deficiente y conducta negligente en contratos de etiquetado de rastreo, y que debería rendir cuentas ante el ministerio de Justicia británico. “Se les dio una segunda oportunidad después de que les impusieran una multa de 23 millones de libras por mala gestión de contratos anteriores. Parece que no han aprendido la lección”, ha afirmado.
La empresa de seguridad responsable, en el ojo de la Justicia en 2019
En 2019, la filial británica de la empresa, Serco Geografix, se declaró culpable de tres delitos de fraude y dos de contabilidad falsa entre 2010 y 2013, relacionados con la subestimación de los beneficios de sus contratos de vigilancia electrónica con el Ministerio de Justicia. La empresa fue multada con 19,2 millones de libras y se le ordenó pagar 3,7 millones de libras en costas.
Tania Bassett, funcionaria nacional del sindicato de agentes de libertad condicional, Napo, expresó la preocupación de sus miembros sobre la capacidad de Serco para ejecutar el contrato.
“La pregunta es, ¿qué trabajo hizo el HM Prison and Probation Service (HMPPS) para preparar a Serco para la mayor demanda de etiquetas? ¿Y cómo respondió Serco? Dados los fracasos anteriores de Serco en proporcionar etiquetas que dieron lugar a que fueran investigados por la Oficina de Fraudes Graves, ¿por qué demonios le dieron otro contrato?”, ha cuestionado en unas declaraciones recogidas por medios británicos.
Priorizan el rastreo de los sentenciados por violencia doméstica
El ministerio de Justicia se ha negado a revelar cuántos de los liberados sin localizador tienen antecedentes de violencia contra mujeres y niñas. Jessica Eagelton, directora de políticas y asuntos públicos de Refuge, ha advertido que la liberación de delincuentes sin dispositivos de rastreo electrónico agrava un momento preocupante para las víctimas.
La dirigente ha recordado los asesinatos machistas de las jóvenes Zara Aleena y Terri Harris, Connie Gent, Lacey Bennett y John Bennett que pusieron sobre la mesa las consecuencias fatales de los fallos de supervisión por parte de los agentes. “Es muy importante que los profesionales de la libertad condicional supervisen eficazmente a todos los delincuentes liberados para proteger a las víctimas”, ha sentenciado.
El ministerio de Justicia ha asegurado que mientras este problema persista, se ha priorizado el etiquetado de los infractores de violencia doméstica para asegurarnos de que se cumplan estrictamente las condiciones de su licencia, como mantenerse alejados de sus víctimas.
